“Nos han metido en un cuadrilátero”. Así ilustraba hace meses el responsable del Área Fiscal de una de las principales empresas del Ibex 35 la sensación extendida entre las grandes empresas respecto al trato desabrido que desde hace ya unos cuantos años reciben de la Administración Fiscal española, tanto por las sospechas permanentes que se difunden respecto a la supuesta escasa proporcionalidad de su contribución fiscal – el famoso debate sobre los impuestos que pagan en España sobre sus beneficios mundiales – como por la agresividad de las actuaciones inspectoras que, desde la perspectiva empresarial, convierten en acta sancionadora cualquier discrepancia sobre la aplicación de las normas fiscales.
Por lo visto no se trata únicamente de una percepción. La última Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos correspondiente al ejercicio de 2019 confirma una tendencia que ya se venía apuntando en los últimos años y que señala que cada vez son más las actuaciones de la Inspección de Hacienda contra empresas que son enmendadas en la instancia económico-administrativa de manera parcial o total. Los datos del ejercicio de 2019 revelan los tribunales económico-administrativos estimaron más del 45% de los recursos presentados por las empresas o sus representantes legales contra actuaciones sancionadoras incoadas por la Agencia Tributaria.
En total, en dicha instancia se estimaron el año pasado 4.563 recursos presentados por las empresas, una cifra sin precedentes en la serie histórica más reciente. Por poner un término de comparación, en el año 2012, en el que los tribunales económico-administrativos tramitaron un volumen de recursos muy similar al de 2019, el número de recursos estimados por los tribunales económico-administrativos apenas superaron los 3.000, menos de un tercio del total de recursos presentados.
El fenómeno ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la asociación de asesores fiscales Aedaf, que observa estas cifras como la prueba del nueve del rigor excesivo con el que la Administración Tributaria se emplea en muchos casos con los contribuyentes y que ha dejado algún ejemplo particularmente palmario como la celebre sanción a Telefónica que los tribunales echaron atrás y que obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver cerca de 1.000 millones de euros a la ‘teleco’.
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