La Inspección de Trabajo y Seguridad Social resolvió en 2018 expedientes liquidatorios de cuotas sociales a deber por un importe total de 1.146,53 millones de euros, como resultado de las actuaciones en la lucha contra la economía irregular, cifra que es un 22,5% superior a la de 2017.
Así lo refleja el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2018 consultado por Servimedia en el que se reflejan las actuaciones de este organismo en materia de Seguridad Social y economía irregular.
Los 1.146,53 millones resultantes de los expedientes liquidatorios del año pasado se derivan de cuotas debidas a la Seguridad Social. Se trata de la cifra más elevada desde 2003, año a partir del cual se publican registros.
Si se desglosa esta cifra, atendiendo a la naturaleza del expediente, las liquidaciones más voluminosas dentro del global correspondieron a actas de liquidación (510,2 millones), derivación de responsabilidad (368,5 millones) y recaudación inducida (216,6 millones).
En el área concreta de la Seguridad Social, el año pasado se realizaron 513.757 actuaciones tras inspeccionar cientos de miles de centros de trabajo, por debajo de las practicadas en 2017, pero con un resultado un 3% superior en infracciones sancionables, totalizando 45.605. El importe global de las sanciones propuestas ascendió a 183,1 millones de euros, un 7,7% más en comparativa anual.
Los trabajadores afectados por las infracciones sumaron 120.923, por debajo de los 138.711 que se vieron involucrados en 2017.
Además, se efectuaron 24.335 requerimientos para que las empresas subsanaran los incumplimientos declarados, cifra ligeramente por encima de los registros en 2017.
En cuanto a las materias investigadas en Seguridad Social destaca el control del trabajo no declarado, en el que se detectaron 22.947 infracciones; en falta de cotización obligatoria resultaron 4.252 infracciones, y en el fraude derivado de prestaciones se contabilizaron 8.683 infracciones (3.745 de empresas y 4.938 de trabajadores).
Por sectores económicos, la hostelería fue el más afectado, con 128.059 actuaciones inspectoras con las que se comprobaron la comisión de 14.336 infracciones y se propusieron sanciones por importe de 52,6 millones de euros. Si se compara con el año anterior, aumentan ligeramente las actuaciones y las infracciones, pero desciende el valor de las sanciones en un 11,7%.
En cuanto a empleo sumergido, se produjeron el año pasado 90.872 altas en la Seguridad Social realizadas tanto de oficio como inducidas por la Inspección, un 32% más que en 2017.
A esta cifra se suman 23.325 trabajadores a los que se incrementó en más del 50% el tiempo de trabajo en contratos a tiempo parcial y 3.541 extranjeros sin permiso de trabajo, lo que totaliza 117.738 empleos irregulares aflorados, un 35,35% más que en 2017.
Este avance se debe, por una parte, a la herramienta de lucha contra el fraude, puesta en marcha en el marco del Plan Director por un Trabajo Digno, y por otra parte, a las actuaciones en el ámbito territorial de las Direcciones Territoriales e Inspecciones Provinciales.
Fuente: Periódico Expansión
https://www.expansion.com/economia/2019/12/15/5df6164d468aeb1e7e8b46a6.html
