El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de octubre de 2020, el anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra el fraude fiscal, según anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra destacó que con este plan se espera aumentar la recaudación en 800 millones de euros en un sólo ejercicio.
Montero explicó que la norma incluye medidas de “gran calado” que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude “más avanzadas y complejas”, que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
La nueva norma, resaltó la ministra, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, e incluye medidas como la prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.
También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas y la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es “ir disminuyendo cuantías” para combatir la economía sumergida.
A su vez, se redice de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.
Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático para eliminar el “beneficio” a incumplidores “como hicieron gobiernos pasados”, y se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.
Por último, también se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para que introducir elementos de transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.
Montero destacó que “la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad” para el Ejecutivo porque “no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades”, generando “competencia desleal” y “un deterioro” para las arcas públicas que, añadió, es más grave en estos momentos de pandemia.
Fuente: https://amp-expansion-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.expansion.com/economia/2020/10/13/5f858dc6468aebba078b460e.html
